Propuestas Economica - Lilita Carrio (Coalicion Civica)

Carrió sobre: I) Política monetaria
BASES PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LUCHA CONTRA LA INFLACIÓN

El potencial de nuestro país para satisfacer las necesidades de su pueblo es enorme. Parte de ese potencial está dado por la capacidad, activa y latente, de darle al mundo lo que el mundo necesitará. Para el cumplimiento de esa tarea, el sector privado debe recibir las señales necesarias de parte del Estado, de manera tal que ambos expandan las oportunidades para nuestra gente a lo largo y a lo ancho del país. Las políticas públicas deben potenciar y hacer sostenible el crecimiento, en lugar de obstaculizarlo. La iniciativa indelegable del Estado asegurará que no haya excluidos en este proceso y promoverá el desarrollo. La integración con el mundo debe hacerse desde el interés nacional, a partir del convencimiento de que Argentina tiene mucho que aportar a la humanidad.

Imaginamos un país donde todos pueden aspirar a un empleo digno y a oportunidades crecientes, con regiones geográficas desarrolladas para lograr un país más equilibrado, y con un sendero de crecimiento sustentable -que deje de lado los ciclos de euforia y depresión tan característicos de nuestra historia reciente. Entendemos que la próxima década mostrará estancamiento económico en Estados Unidos y en gran parte de Europa, y que la evolución económica mundial liderada por el desarrollo en China, India, y otros países emergentes de Asia y América Latina reflejará una gran oportunidad que hay que aprovechar. Esa oportunidad estará dada por un elevado precio de los productos en los que somos competitivos y por la disponibilidad de capitales para la inversión, potenciada por nuestra independencia para hacer mejor uso de ellos.

El potencial de crecimiento de la economía requiere una utilización inteligente de los recursos productivos. A través de señales al sector privado, el Estado debe asegurarse de que no haya obstáculos o cuellos de botella para que la oferta se pueda expandir al máximo ritmo posible. La inversión en capital humano y capital físico irá determinando el potencial de expansión económica. La interacción público-privada, en temas como tecnología, mano de obra calificada, inmigración, o modelo de acumulación –entre otros-, es esencial en este proceso que debe mostrar visión de largo plazo. La manera de asegurarse que esa capacidad de generar bienes y servicios esté utilizada al máximo es a través del manejo de la demanda agregada de la economía. El consumo privado y público, la inversión privada y pública, y las exportaciones, pueden ser influidos a través de la política monetaria, fiscal y cambiaria.

El crecimiento sostenible asegura condiciones de progreso. Para que este progreso se extienda a toda nuestra Nación, hay que lograr que la infraestructura integre a las distintas regiones, que las actividades productivas respondan a un perfil que genere oportunidades para todos, y que los recursos fiscales estén bien distribuidos en todo el país. Una coparticipación justa es una necesidad imperiosa de los tiempos que vienen. El sistema ferroviario, las rutas y autovías, el manejo aeroportuario, los cursos navegables, son esenciales para un país tan extenso con el nuestro. Las inmensas posibilidades con las que cuentan nuestras provincias deberían potenciarse a través del impulso a las actividades productivas en las que puedan ser competitivos, dadas las mínimas condiciones de costos y transporte adecuados. Hay gran oportunidad de crecimiento genuino para muchas regiones del país, que debe ser aprovechada para facilitar su expansión y no ser presa de un Estado que la agobie con impuestos. La mirada por regiones es esencial para este enfoque que pretende dinamizar la estructura productiva.

No creemos en la teoría del derrame. En un país con tanto retroceso en las últimas décadas y tantos excluidos, se precisan políticas que aseguren que no quede ningún argentino fuera del sistema y mejoren la distribución del ingreso. Las políticas sociales deben cambiar su perfil asistencialista, buscando en cambio un enfoque integral que busque incorporar a los excluidos a la cultura del trabajo por sobre la dádiva. Un verdadero Ingreso Universal para la Niñez, asegurará que los menores de nuestro país puedan afrontar dignamente un período tan determinante de la vida. Nuestros planes de vivienda estarán enfocados a recrear condiciones de vida digna para todos. La reforma impositiva hará que paguen los que más tienen. Nuestra promoción a las actividades productivas en general, y a las PYMES en particular, junto con un esquema más federal, potenciarán también la expansión de actividades que generarán empleos genuinos y descomprimirán el hacinamiento del conurbano en el gran Buenos Aires. Y la recuperación de la calidad de las escuelas públicas, asegurará también que transitemos el camino hacia la ampliación de oportunidades.

La producción creciente y diversificada de bienes y servicios, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de los argentinos, debe concebirse en un contexto institucional y cultural que respete y aliente la iniciativa privada, que defienda el interés nacional, y que asegure que no haya excluidos en el proceso. Es el rol del Estado bregar por la coexistencia de esas tres condiciones de manera permanente. Es que un crecimiento de la riqueza concentrada genera inseguridad e inestabilidad, por lo que es un imperativo que el crecimiento económico sea acompañado por la inclusión social. De la iniciativa y la capacidad inagotable de los ciudadanos dependerá la generación de oportunidades para todos, y para que ese esfuerzo prospere se tienen que dar las condiciones de libertad y certidumbre. En pos de una inserción inteligente a un mundo globalizado y competitivo, la defensa del interés nacional es condición indispensable.

Distinguiremos entonces algunos aspectos de las políticas públicas y su importancia para el desarrollo económico.

Sin Moneda no hay desarrollo

La incertidumbre es un componente esencial de la vida humana. Uno de los roles de las políticas macroeconómicas es el de disminuir lo máximo posible la incertidumbre inevitable que enfrentan quienes constituyen las arterias y las venas del cuerpo económico: los trabajadores, los empresarios, los ahorristas, los inversores, los emprendedores.

La primera gran incertidumbre que enfrenta nuestra economía es la inflación. La inflación creciente de los últimos años revela una gran inconsistencia en la política económica y es una grave herencia para el próximo gobierno. Es que sin moneda no hay desarrollo. Para crecer es necesario un medio de pago, una unidad de cuenta, una reserva de valor, un patrón de pagos diferido (las cuatro funciones de la moneda). ¿Cómo planificar, cómo proyectarse, cómo extender el horizonte temporal, sin crédito de largo plazo ni denominador común? La inflación destruye cada una de las cuatro funciones de la moneda.

Es condición indispensable para disminuir la incertidumbre lograr reducir la inflación, paulatina pero sostenidamente, sin perder la expansión económica. El fin último de la política monetaria es privilegiar una inflación baja y predecible, que asegure que la actividad económica esté dando su máximo potencial. La independencia del Banco Central es condición necesaria para ese objetivo.

La primera medida es reconocer el problema. Hay que volver a hacer del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) una institución respetable que mida bien la inflación. Mientras tanto, valiéndonos de las mediciones también hechas por el sector público pero de provincias “no intervenidas” por el INDEC, surge que estamos ante una inflación del 25% en los últimos doce meses, y creciente.

A continuación, hay que anunciar un sendero de inflación objetivo para los siguientes cuatro años, con valores descendentes que al final del proceso converjan a un rango de entre el 2% y el 6% anual. Debe haber un compromiso del gobierno con esa inflación descendente, ya que tiene que convencer a empresarios, sindicalistas, consumidores y ahorristas, de que ese sendero descendente es tan deseable como realista. Sólo así, a la hora de tomar sus decisiones, lo tendrán en cuenta y evitarán el costo recesivo de expectativas inflacionarias elevadas y erradas.

Hay que asegurar la independencia de los instrumentos para el Banco Central de la República Argentina, para que se pueda concentrar así en una política monetaria consistente con ese sendero de estabilidad. De igual forma, se necesita introducir penalidades para el Directorio de esa institución cuando se registren desvíos respecto a los objetivos.

Las reservas internacionales son el principal activo del ente encargado de la regulación monetaria y la contracara de diversos pasivos con los que el BCRA ejecuta su política monetaria y financiera. El BCRA debe administrar esos activos y pasivos de un modo independiente, buscando la estabilidad de la moneda y la utilización plena de los recursos productivos. Si en cambio la prioridad es facilitar el programa financiero del gobierno – entregándole las reservas a cambio de promesas de pago que deberán afrontar futuros gobiernos – se licúa peligrosamente el patrimonio del BCRA. Si además se le exige al BCRA que recompre rápidamente esas reservas con emisión monetaria, entonces el pago de deuda se financia con el peor de los impuestos que es la inflación.

Pagar deuda con reservas es pagar deuda con inflación. Ocurrió con el pago al FMI en 2006 y con el pago a bonistas en 2010. En ambos casos se duplicó la inflación. Durante 2011 el impuesto inflacionario superará los $40.000 millones, más de 3% del PIB. Un Banco Central independiente debe impedir que se privilegie al bonista extranjero a expensas de nuestros asalariados y nuestros conciudadanos más humildes.

Las tasas reales de interés deben dejar de ser un estímulo para financiar el consumismo de corto plazo, y dar lugar en cambio a la vuelta del crédito a tasas fijas nominales en pesos de largo plazo. Esto posibilitará la vuelta del crédito hipotecario y del financiamiento genuino de proyectos de inversión productivos que por su naturaleza son de largo plazo.

En materia de política fiscal, constituiremos un fondo de ahorro en los años buenos para hacer menos traumáticos los años difíciles. Debemos lograr una equilibrada ecuación entre crecimiento e inflación. En los años en los que el crecimiento económico está por debajo de su potencial, el gasto público debe crecer por encima de la recaudación, y en los años malos el gobierno debe impulsar la demanda agregada por medio de una política expansiva.

Para un país como el nuestro, tan sujeto a traumas externos adversos, es imprescindible contar con el máximo grado de libertad de acción y la mayor diversidad de instrumentos a ser utilizados cuando sea necesario. La política cambiaria es un capítulo importante de esta necesidad de poseer instrumentos para ayudar a amortiguar los ciclos. Un tipo de cambio flotante permite amortiguar los traumas externos -ya sean favorables o adversos-. Esta flotación permite además al Banco Central enfocarse en lo que deben ser sus objetivos excluyentes: la estabilidad de precios y el pleno empleo. Esta flotación debe cuidar los extremos, de manera de evitar sobrevaluaciones o subvaluaciones que puedan generar recesiones o inflaciones que nos alejen del sendero óptimo de expansión económica con estabilidad. Es preocupante la situación a la que hemos llegado en el 2010 con un tipo de cambio fijo y con una inflación muy alta, lo que empieza a originar problemas de competitividad a algunos sectores. El tipo de cambio real medido por la relación peso-dólar está en los niveles promedio de la Convertibilidad lo que hace que las exportaciones estén muy supeditadas a la continuidad de precio alto internacional en nuestros productos, y a la debilidad del dólar frente a otras monedas con las que comerciamos habitualmente, por ejemplo, el real.


NUEVO ACUERDO FISCAL

Alentando el verdadero federalismo

Nuestra Constitución dispone en su artículo 1 la forma representativa republicana federal para el gobierno de la Nación Argentina. La teoría normativa del federalismo fiscal consiste básicamente en distribuir las responsabilidades de gasto y de recaudación por niveles de gobierno. En general hay consenso de que le corresponde al gobierno central el gasto para la defensa nacional, la estabilización macroeconómica, las políticas redistributivas, y algunas obras de infraestructura. En las provincias recae la salud, la educación, la seguridad, y ciertos proyectos de infraestructura. Se asume que, cuanto más cerca esté el servicio de la población receptora, más cercano será el control de los ciudadanos sobre la calidad del mismo. Se supone también que la cercanía de los gobiernos locales permitirá dimensionar mejor las necesidades.

En lo relativo a los ingresos, las posibilidades de descentralizar la recaudación son mucho más limitadas. Salvo en impuesto de bases inmóviles como el ABL, ingresos brutos o automotores, en general se haría casi imposible descentralizar la recaudación, por ejemplo, del impuesto a las ganancias, o el impuesto a los combustibles. La coexistencia por razones de optimización, de gastos descentralizados con ingresos unificados, origina lo que se denominan desequilibrios verticales: el gobierno central recauda más de lo que gasta, y las provincias gastan más de lo que recaudan directamente. Es precisamente esto lo que se resuelve con la Coparticipación. Hay una distribución primaria que decide cuánto de los impuestos coparticipables van al gobierno central y cuanto a las provincias, y una distribución secundaria que decide cómo se reparte a su vez entre las provincias.

A partir de 2003, en lugar de aprovechar una economía en crecimiento con ingresos impositivos en alza para encarar la implementación del mandato constitucional del ´94, la administración Kirchner comenzó un proceso de cooptación de los recursos provinciales como herramienta de disciplinamiento político de los gobernadores y del Congreso. En estos últimos años, en particular, hemos visto una permanente usurpación de fondos provinciales por parte de gobierno central y creciente discrecionalidad en las transferencias de éste a las provincias. El gobierno central fue desplazando a las provincias de dos maneras. Primero, apropiándose de recursos que debieran ser coparticipables: los ejemplos más elocuentes son la extensión de la emergencia del impuesto al cheque varios años después de la crisis, la reversión del sistema previsional en el 2008 sin revertir simultáneamente la detracción del 15% de la masa coparticipable, y la apropiación de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN). Segundo, reemplazando las transferencias automáticas por transferencias discrecionales, especialmente desde el año 2008, lo cual demuestra el grado de sometimiento que esto implica para las provincias.

Nuestras propuestas para volver a ser un país federal son las siguientes:

•Proponemos una modificación del régimen de coparticipación. El diseño propuesto aumentará los envíos automáticos a las provincias, reduciendo los envíos de recursos discrecionales. En este marco, proponemos distribuir la coparticipación en:
- un 15% para la ANSES (manteniendo el esquema actual para financiar la suba del haber mínimo para los jubilados);
- un 54% para las provincias (aumentando los envíos automáticos a las provincias en $12.000 millones en valores de 2011) ;
- un 30% para la Nación (6 puntos menos que en el actual reparto neto de recursos);
- un 1% para los adelantos del tesoro nacional (ATN), los cuales deben incluir una cláusula de distribución automática de los fondos remanentes a fin de cada año, para evitar que estos fondos que son de las provincias terminen financiando el endeudamiento del gobierno nacional
- Este cambio se puede realizar sin modificar los coeficientes de coparticipación secundaria (distribución entre provincias) que es el gran obstáculo actual para el debate de la ley. En esta primera etapa será el renunciamiento de nuestro gobierno lo que facilite los avances en esta materia. El costo fiscal para nuestro gobierno es nulo ya que no es nuestro deseo abusar de las transferencias discrecionales.
•Hay que liberar a las provincias de la condicionalidades políticas del Fondo Federal Solidario, para desatarle las manos a las provincias y convertir dicho fondo en verdaderamente federal.
•Hay que actualizar el monto destinado en el presupuesto al “Acuerdo Nación-Provincias, sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos” de febrero de 2002, ratificado por Ley 25.570, para las Provincias de La Pampa, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero y Santa Fé. La inflación no solo carcome el poder adquisitivo de los que menos tienen, también afecta a los acuerdos federales que distribuyen fondos entre las provincias. En base a este acuerdo el Gobierno Nacional destina desde 2002 un monto fijo anual de $390 millones. Ese monto debe ser actualizado, aunque sea de forma parcial, reconociendo la inflación de estos años Esta actualización significaría un desembolso de $1.100 millones a valores de 2011
•Hay que eliminar el denominado “Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense”, coparticipando los fondos del mismo entre todas las provincias de acuerdo a los coeficientes de coparticipación. El impuesto a las ganancias distribuye el 10% de los recursos entre las provincias, distribuyendo $650 millones a la Provincia de Buenos Aires y el remanente al resto de las provincias. Cuando había estabilidad de precios esto implicaba que la Provincia de Buenos Aires recibía aproximadamente el 80% de ese 10%. Hoy la inflación y el aumento nominal de la recaudación llevaron a que a la Provincia de Buenos Aires le corresponda tan solo el 8%, empeorando la situación año a año. Con respecto a esta discriminación generada por la inflación proponemos un recorrido intermedio. Proponemos que ese 10% entre todas las provincias en base a los coeficientes de coparticipación, lo que significaría una compensación a la Provincia de Buenos Aires de $1.150 millones de pesos. Y donde el resto de las provincias se verían más que compensadas por el cambio en la distribución entre Nación y Provincias ($12.000 millones de pesos)

Un Sistema Tributario Progresivo

Una de las deudas pendientes es lograr una mayor progresividad en el sistema tributario. La mayor progresividad se buscará con las siguientes medidas:

•Renta Financiera: Hay que gravar la renta financiera. No hay justificación posible para la exclusión de las rentas de origen financiero.•Movilidad del Impuesto a las Ganancias en los ingresos salariales: Elevar el mínimo no imponible para dejar fuera del impuesto a las ganancias a los salarios de clase media. El mínimo no imponible será actualizado anualmente para que la inflación no legisle un aumento de carga tributaria sobre los ingresos de los trabajadores.
- Eliminación de todas las retenciones con excepción de la soja y el petróleo. La retención a la soja permanecerá en 25% transitoriamente.
- La transitoriedad de la retención a la soja se mantendrá hasta la introducción del Impuesto a las Ganancias Extraordinarias de las Grandes Corporaciones, este impuesto será complementario al impuesto a las ganancias de las grandes empresas en los años en que las ganancias superen un umbral objetivo. Dicho impuesto será incorporado para todos los sectores de la economía. Este impuesto permitirá exceptuar de su cumplimiento en los casos en que el productor tuvo años recientes con quebrantos.
- Proponemos la progresiva desaparición del Impuesto al Cheque, empezando por la inmediata eliminación de dicho tributo en cabeza de las micro y pequeñas empresas.
- Impulsaremos un Impuesto a la transferencia gratuita de bienes
- En términos del impuesto a los bienes personales, de debe permitir las contabilizaciones de las deudas que generaron esos activos, para llevar al impuesto a gravar el patrimonio neto, en vez de gravar los activos (como lo hace hoy) Es importante la coordinación con las provincias para mejorar la fiscalización, por medio de mecanismos de control y cruces de información.
- En materia el Impuesto al Valor Agregado (IVA), proponemos la devolución del IVA para el gasto en alimentos a las familias más necesitadas que tengan planes sociales o asistenciales implementado a través de una tarjeta social.
En materia Presupuestaria, hay que jerarquizar el rol del Congreso Nacional en la elaboración y seguimiento del Presupuesto Nacional. Para ello es clave la existencia de una Oficina de Presupuesto del Congreso, que cumpla el rol técnico de análisis y seguimiento del presupuesto en todas sus etapas y de apoyo a los legisladores en sus proyectos de Ley.

Asimismo, hay que cambiar la Ley Administrativo Financiera eliminando los superpoderes, como también modificar la reglamentación de la Ley de los Decretos de Necesidad y Urgencia, para limitar el abuso que se hace de los mismos en materia de administración del Presupuesto Nacional.

INVERSIÓN PÚBLICA

Se debe converger hacia un modelo en el que todos los sectores sean robustos, eficientes y brinden empleo de calidad a más argentinos. Para esto, hay algunas precondiciones sobre las que hay que trabajar, y mucho.

Hay que asegurarse que la energía no será un cuello de botella para un país que pretende crecer al 5% anual durante las próximas décadas. Para esto vamos a avanzar en el diseño y la inmediata puesta en marcha de los pasos necesarios para cambiar, a través de su diversificación, la matriz energética de la república. Diseñar hoy una nueva matriz energética entraña repensar el papel que en ella juegan los hidrocarburos. Tenemos en este momento una dependencia del petróleo de más del 80% y hemos vendido nuestros recursos sin tener en cuenta que eran limitados. Creemos que como horizonte la matriz energética debe ser lo más diversificada posible, incluyendo la mayor cantidad de fuentes generadoras posible (eólica, nuclear, mareomotriz, solar, hidroeléctrica, etc.). La mayor fuente de energía que tendremos, será la que obtengamos de su uso racional. Para disponer de energía de base, a falta de hidrocarburos y por efecto de la mencionada insuficiencia de las otras fuentes energéticas naturales, será indispensable recurrir tanto a nuevos proyectos hidroeléctricos como a la energía nuclear, cuyos últimos desarrollos mejoran sensiblemente la seguridad de las instalaciones. Con el auxilio de ambas fuentes, se podrá al menos alcanzar la generación mínima necesaria, y ello, con desarrollos íntegramente argentinos.

Cuando hablamos de política energética, no hablamos sólo de generar más, sino también usar mejor. Esto no significa castigar a quien use de esta energía obligándolo a consumir menos, bajando su nivel de vida, sino de concientizar e incentivar a la sociedad por medio de políticas eficientes, al uso racional de la energía, que redundará en el mismo confort y la misma productividad en empresas e industrias, pero a menor costo energético. Para ello hay que replantear el esquema de subsidios (al transporte, tarifas, importación de energía, etc) y revisión integral de las tarifas, garantizando la tarifa social bajo criterios socioeconómicos, geográficos, y de complementariedad de servicios. Debemos, eventualmente, subsidiar a la demanda y no a la oferta.